En uno de los capítulos más tensos de 'Marbella. Expediente judicial', una lancha atraviesa la bahía de Algeciras a toda velocidad, perseguida por patrulleras reales de la Agencia Tributaria. La escena, rodada con embarcaciones verdaderas y permisos especiales, no busca el espectáculo gratuito, sino que muestra cómo la ficción se apoya en sucesos documentados para retratar el narcotráfico en la Costa del Sol. Ese punto de partida define el enfoque de la segunda temporada creada por Dani de la Torre y Alberto Marini: una historia que se introduce en el funcionamiento de la justicia española y en sus fallos estructurales, utilizando el mismo entorno que inspiró numerosos reportajes periodísticos. El proyecto, respaldado por Movistar Plus+, utiliza la acción como vehículo para hablar del esfuerzo institucional de quienes intentan sostener la ley en un territorio donde el crimen y la burocracia comparten espacio.
El cambio de perspectiva respecto a la primera temporada resulta evidente desde el primer episodio. Mientras la anterior centraba su atención en los abogados que defendían a las mafias, esta segunda parte traslada el foco a la fiscalía antidroga y a los profesionales que lidian con la lentitud administrativa, la presión política y los intereses cruzados. Carmen Leal, interpretada por Natalia de Molina, encarna a una fiscal convencida de que el poder judicial solo puede recuperar su sentido si se enfrenta a quienes han aprendido a manipularlo desde dentro. Frente a ella, Hugo Silva retoma su papel de César Beltrán, un abogado brillante que utiliza su conocimiento del sistema para amparar a los clanes que controlan el narcotráfico en el litoral andaluz. Esa confrontación entre una jurista empeñada en depurar la corrupción y un profesional que ha hecho de la ley su escudo constituye el núcleo del relato, y lo que lo distingue dentro de la oferta reciente de series españolas.
La dirección de Dani de la Torre aprovecha esa tensión para construir un ritmo sostenido y sin adornos, más pendiente de los procedimientos que de las explosiones. Cada escena se organiza como una pieza de un engranaje mayor: las reuniones internas, las discusiones en los despachos, las filtraciones interesadas o los silencios en los tribunales. Todo está tratado con una naturalidad que evita el artificio. La puesta en escena combina exteriores luminosos con interiores opresivos, reflejando cómo la Costa del Sol mantiene una fachada de bienestar mientras debajo se acumulan los intereses del crimen organizado. En ese contraste entre la luz del turismo y la oscuridad del narcotráfico se encuentra una de las ideas más sólidas de la serie: la corrupción se disfraza de normalidad y se esconde en los despachos.
La interpretación de Natalia de Molina aporta credibilidad y equilibrio al relato. Su personaje actúa movido por una mezcla de convicción y resistencia. Cada obstáculo en su trabajo evidencia el peso de un sistema judicial saturado, y su relación con los compañeros de la fiscalía ilustra la frustración colectiva de quienes intentan hacer su labor sin recursos suficientes. Frente a ella, el César Beltrán de Hugo Silva exhibe un cinismo calculado que sirve para representar a una élite profesional acostumbrada a torcer la ley en favor de sus clientes. Entre ambos surge una relación de rivalidad profesional donde cada palabra se convierte en un movimiento estratégico. El enfrentamiento entre ambos sintetiza la lucha entre la legalidad teórica y la realidad cotidiana de una justicia con los medios al límite.
El retrato institucional que ofrece 'Marbella. Expediente judicial' se apoya en una documentación rigurosa. Los creadores visitaron fiscalías antidroga reales y consultaron a funcionarios y agentes del área de Cádiz y Campo de Gibraltar. Ese trabajo de campo se refleja en los diálogos, donde los términos jurídicos se emplean con precisión y las escenas transmiten la rutina burocrática sin convertirla en tedio. El guion evita la idealización de los personajes y muestra cómo las decisiones de cada uno se condicionan por la jerarquía, el miedo o la conveniencia. El resultado ofrece una visión cercana de la administración de justicia, alejada de la simplificación habitual. La serie retrata una estructura que en muchos casos se derrumba bajo su propio peso institucional.
Los seis episodios mantienen una coherencia tonal que refuerza el propósito de los autores. La ambientación de Algeciras, las escenas marítimas y los entornos judiciales conforman un retrato geográfico que mezcla la ficción con el reportaje. En la misma línea, la dirección de fotografía opta por un tono más sobrio que en la primera temporada, con una paleta más fría y una iluminación más controlada. Esa decisión refuerza el carácter institucional de la historia y acentúa la distancia entre la opulencia exterior y el deterioro interior de la justicia. Las secuencias de acción, aunque breves, están planificadas con precisión y realismo. Las persecuciones en lancha o las entradas policiales se integran dentro del relato sin romper su equilibrio, demostrando que el espectáculo puede servir a una idea y no al revés.
El elenco secundario también contribuye a dar densidad al relato. Elvira Mínguez interpreta a una jefa de fiscalía que representa el desgaste acumulado de años de trabajo en un entorno de presiones. Manuela Calle, Fernando Cayo y el resto del reparto completan un panorama de profesionales marcados por el esfuerzo y la desconfianza. Cada uno refleja una pieza del engranaje judicial, desde el funcionario que mantiene el orden administrativo hasta el agente que arriesga su integridad para reunir pruebas. La serie consigue retratar ese conjunto sin dispersarse, manteniendo la coherencia narrativa y mostrando cómo las pequeñas acciones individuales acaban sosteniendo un sistema mayor.
La producción de Movistar Plus+ asume un riesgo al construir una temporada entera centrada en la fiscalía, un ámbito poco explorado por la ficción televisiva española. El resultado funciona por la claridad de su enfoque: se trata de una historia sobre la responsabilidad y la corrupción contada desde dentro. Dani de la Torre y Alberto Marini transforman una trama criminal en un relato institucional, demostrando que la tensión también puede generarse desde la burocracia, los informes y las estrategias judiciales. 'Marbella. Expediente judicial' logra convertir el trabajo administrativo en materia de suspense, lo que demuestra que la intriga depende del poder que se esconde en la interpretación de la ley.
La serie acaba revelando algo más amplio que un caso judicial. A través de su narración, muestra cómo la justicia en España se enfrenta a la influencia del dinero y a la lentitud de sus propios mecanismos. Marbella deja de ser un simple decorado turístico para convertirse en símbolo de un país donde la apariencia y la corrupción conviven en equilibrio inestable. El mérito de la serie reside en la forma directa en que aborda este tema, sin adornos ni discursos excesivos. Cada episodio transmite la idea de que la justicia depende tanto de la ley como de las personas que la aplican. Esa visión convierte a 'Marbella. Expediente judicial' en un retrato honesto del esfuerzo institucional por mantener la legalidad en un entorno adverso.
